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SANTO DOMINGO. — El periodista Ramón Tolentino solicitó formalmente a las autoridades dominicanas y a la Interpol la captura del ciudadano colombiano Luis Fernando Bedolla Rivera, señalado por su presunta vinculación en el atraco millonario perpetrado contra el señor Samuel Bernardo Wilmore Phillips, esposo de la magistrada Nica Castillo en la provincia de Samaná.
Durante su intervención en el programa radial Esto No es Radio Show, Tolentino reveló detalles de una investigación periodística independiente y presentó la orden de arresto emitida contra el sospechoso, así como la solicitud formulada por el Ministerio Público a la Interpol en caso de que haya salido del país. Asimismo, el comunicador hizo un llamado directo a los involucrados para que se entreguen de manera voluntaria a la justicia.
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Respecto al pedido de captura internacional y la exhortación a entregarse a las autoridades, Tolentino manifestó:
«Presentamos la orden de arresto; por eso es el reloj, para que este colombiano busque la mejor forma de cómo entregarse, ya que es el vehículo al cual se le da seguimiento, pero también a la vez está el pedido del Ministerio Público a la Interpol en caso de que este señor esté en Colombia o en cualquier otro país».
En relación con las sospechas de complicidad o filtración de información sobre el dinero en efectivo que llevaba la víctima, el periodista señaló:
«No conocen a ninguno. Eso me da entonces, me prende un bombillo de que alguien filtró la información de haber retirado el dinero».
Asimismo, sobre la orden de arresto contra Paola Michelle Fabián Mora, vinculada al caso por la propiedad del vehículo utilizado para recoger a los sospechosos tras el asalto, expresó:
«Nosotros no estamos jamás acusando, sino más bien nos estamos apoyando de esta orden de arresto… Le pedimos a ella que pueda entregarse a través de la vía que sea necesaria».
Contexto de la denuncia explicado por Ramón Tolentino
De acuerdo con la cronología expuesta por el comunicador en el programa radial, los hechos ocurrieron y se desarrollaron de la siguiente manera:
Retiro del dinero y ocurrencia del robo: El pasado 1 de julio, a las 2:15 p.m., el señor Samuel Bernardo Wilmore Phillips acudió a la sucursal del Banco Popular en el municipio de Santa Bárbara, Samaná, donde retiró la suma de RD$1,800,000 pesos destinados a un proyecto familiar junto a su esposa, la magistrada Nica Castillo.
Identificación de «santeros» dentro del banco: A través de las grabaciones de seguridad, se identificó a dos jóvenes sentados dentro de la entidad bancaria observando a la víctima durante la transacción. Tolentino los señaló como los presuntos «santeros», encargados de ubicar a la persona y dar la alerta a los demás ejecutores.
Persecución vehicular: Al salir en su camioneta, el señor Wilmore Phillips fue seguido por un automóvil blanco marca Kia, placa A969839. La investigación reveló que este vehículo había sido alquilado en Allende Renta Car a nombre del ciudadano colombiano Luis Fernando Bedolla Rivera.
Sustracción frente a la Fiscalía: La víctima estacionó su vehículo frente a la Fiscalía de Samaná. En ese momento, uno de los antisociales rompió el cristal del automóvil, sustrajo el sobre con el dinero y huyó corriendo hacia el vehículo de escape.
Ruta de escape y transbordo en Boca Chica: Tras realizar el asalto, los implicados se trasladaron hacia Boca Chica y se detuvieron frente al Hotel Agua Dulce, donde abandonaron el primer vehículo y abordaron un carro Toyota Passon blanco, placa AA83444.
Vinculación de segundo vehículo y llamados a entrega: Las imágenes de vigilancia determinaron que el segundo vehículo está registrado a nombre de Paola Michelle Fabián Mora, quien presuntamente bloqueó las llamadas de los investigadores al ser contactada. Tolentino solicitó al exdirector general de Migración, Enrique García, intervenir para facilitar la entrega de la joven, señalando que su esposo es sobrino del exfuncionario.
Demora en las evidencias bancarias: El periodista criticó que la entidad bancaria tardara más de un mes en entregar los videos de seguridad requeridos por el Ministerio Público, lo que dificultó la oportuna identificación de los sospechosos en las etapas iniciales de la pesquisa.
