El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes el decreto que regula la protesta social y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que el Gobierno estrenará este mecanismo durante las manifestaciones antigubernamentales convocadas para este miércoles.
El decreto 1525 de 2026 señala que «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto».
Sin embargo, advierte que este no es «un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».
Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para este miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de De la Espriella, que cumple poco más de dos meses en el poder.
La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.
Facultades para intervenir
El presidente afirmó en la víspera que la protesta pacífica es una «garantía constitucional», pero que este derecho «no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia«.
«Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley», aseguró De la Espriella refiriéndose a la protesta convocada para el miércoles.
En ese sentido, el decreto resalta que si desde el inicio de la manifestación hay violencia con uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones o retención de personas, la fuerza pública podrá intervenir contra quienes realicen estos actos sin agotar de forma previa las fases de diálogo.
«Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal», apuntó el presidente.
El ministro Lara, por su parte, aseguró que este es un decreto «garantista y democrático» en el que se «respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos».
En ese sentido, el decreto señala que «la obstrucción de vías» no altera «por sí sola el carácter pacífico de la manifestación» y que «solo en situaciones excepcionales podrá disolverse, total o parcialmente, una reunión que presente obstrucción de vías, y únicamente cuando la perturbación sea grave y sostenida y no exista otro medio menos lesivo para los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica».
«En todo caso, la intervención se regirá por el principio de uso mínimo de la fuerza», agrega el documento.
