En São Paulo, Brasil, una red de 40,000 cámaras instaladas en espacios públicos y privados puede comparar en tiempo real los rostros de las personas con bases de datos judiciales. El sistema, conocido como Smart Sampa, comenzó a implementarse a finales de 2024 con el objetivo de “identificar fugitivos y prevenir delitos” mediante herramientas automatizadas de reconocimiento facial.
Sin embargo, Smart Sampa también ha dejado ver algunos de sus defectos. Más de 8% de las personas detenidas tuvieron que ser liberadas por errores, según el informe En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina, elaborado por Derechos Digitales. Entre los casos documentados figura el de un hombre de 80 años identificado equivocadamente como un agresor sexual o el de un paciente esposado en un centro de salud mental debido a una orden de arresto desactualizada.
El sistema llegó además a escuelas municipales, donde cerca de 400 cámaras generan registros biométricos de estudiantes, docentes y otros trabajadores. El reporte señala que su implementación ocurrió sin políticas claras de privacidad ni mecanismos de consentimiento informado para menores de edad. Los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de las personas, lo que impide evaluar si el sistema incurre en racismo algorítmico.
Brasil es uno de varios casos que han llevado a Derechos Digitales a identificar una tendencia regional. La organización ha documentado cómo distintos gobiernos de América Latina han ampliado el uso de reconocimiento facial, inteligencia artificial (IA), videovigilancia, análisis masivo de datos y monitoreo de redes sociales. Según el informe, los mecanismos de transparencia, protección de derechos, control y rendición de cuentas no se han desarrollado en la misma medida.
En la mira 2 estudia incidentes ocurridos entre junio de 2024 y mayo de 2025 por medio del monitoreo semanal de fuentes abiertas y el trabajo de organizaciones del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales. Sus autores reconocen que la capacidad para documentar estos casos varía entre países, por lo que los hallazgos sirven para identificar patrones regionales.
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El reconocimiento facial llega antes que las reglas
Paraguay exhibe uno de los ejemplos más claros del desfase. La organización TEDIC documentó cámaras de reconocimiento facial instaladas desde 2018 por al menos 13 instituciones públicas. El informe sostiene que estos sistemas se expandieron sin un marco general específico que regulara su uso y sin estudios de impacto en derechos humanos que permitieran evaluar previamente sus posibles consecuencias.
En 2024, el reconocimiento facial también comenzó a incorporarse directamente en la legislación. La Ley 7269 estableció la vigilancia biométrica obligatoria en estadios de futbol, extendiendo su uso a espacios con grandes concentraciones de personas. Al conectarse con bases de datos, estos sistemas pueden intentar identificar automáticamente a alguien mientras circula por un lugar, por lo que resulta relevante definir qué imágenes pueden utilizarse, quién accede a los registros y cómo puede cuestionarse una identificación errónea.
El informe ubica el caso paraguayo dentro de una tendencia regional en la que distintos países han ampliado legalmente sus capacidades de vigilancia. Chile, por ejemplo, fortaleció su legislación de protección de datos y ciberseguridad, pero su normativa antiterrorista también permite utilizar tecnologías para interceptar comunicaciones. En El Salvador, la ley de protección de datos funciona junto con un marco de ciberseguridad que otorga amplias facultades bajo objetivos de seguridad nacional y orden público, pero establece controles limitados sobre cómo pueden ejercerse esas facultades.
Ciberpatrullaje de las redes
Argentina amplió estas herramientas hacia la IA y el monitoreo de internet. El gobierno de Javier Milei creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que habilita a las fuerzas federales a patrullar redes sociales y la dark web, analizar imágenes con reconocimiento facial, crear perfiles de sospechosos, utilizar drones y recurrir a algoritmos con el propósito de anticipar posibles delitos.
El país también incorporó el ciberpatrullaje como una facultad explícita para analizar información disponible públicamente en internet. Cuando esta práctica se apoya en sistemas automatizados, las autoridades pueden revisar grandes volúmenes de publicaciones, relacionar cuentas y detectar patrones a una escala difícil de alcanzar de forma manual.
