Santo Domingo.- Diputados de la oposición cuestionaron este lunes las muertes de presuntos delincuentes durante alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional y advirtieron que la persecución del crimen no puede convertirse en una práctica que sustituya los procesos judiciales establecidos por las leyes.
El diputado Alcibiades Tavárez consideró que la Policía Nacional y el Gobierno “se han extralimitado” en sus actuaciones y calificó como una violación al Estado de derecho que personas señaladas por cometer delitos mueran sin ser sometidas previamente a los tribunales.
“Yo considero que la Policía Nacional y el Gobierno se han extralimitado, y es un exceso agarrar a decenas de ciudadanos, fusilarlos sin llevarlos a un juicio, a la justicia. Aquí vivimos un régimen de derecho”, expresó Tavárez.
El legislador sostuvo que, aunque rechaza las acciones delictivas, las personas acusadas de cometerlas tienen derecho a enfrentar un proceso judicial. Asimismo, cuestionó la estrategia gubernamental contra la criminalidad y aseguró que las autoridades han fracasado en sus esfuerzos por reducir la delincuencia.
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Tavárez también hizo referencia a las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, quien ha negado que las muertes en alegados enfrentamientos constituyan una política de Estado. A su juicio, el llamado del presidente Luis Abinader a los delincuentes para que se entreguen a las autoridades ha generado una interpretación distinta.
“Parece ser que es una política de Estado el hecho de esos intercambios de disparos, entre comillas, porque en la mayoría de los casos, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos son fusilamientos”, afirmó el diputado, una acusación que corresponde a su valoración de las actuaciones policiales.
En términos similares se pronunció el diputado Charlie Mariotti Paz, quien aseguró respaldar una respuesta firme contra la delincuencia, pero insistió en que esta debe desarrollarse dentro del marco constitucional y respetando el debido proceso.
“Todos apoyamos la mano dura, todos apoyamos la consecuencia, todos apoyamos sobre todo la labor de prevención que debería hacer la Policía”, expresó.
Mariotti Paz cuestionó que, después de años de discusión sobre la reforma del Código Penal y las sanciones aplicables a quienes violan la ley, sean las actuaciones policiales las que, a su juicio, terminen determinando quién llega o no ante los tribunales.
“La Policía no puede ser la misma que decide quién muere y quién vive en los barrios”, manifestó el congresista.
El diputado sostuvo además que la República Dominicana ha establecido constitucionalmente un Estado de derecho y planteó que, si se pretende discutir sanciones como la pena de muerte, el escenario para hacerlo debe ser el Congreso Nacional.
“Si la conversación que queremos tener es implementar pena de muerte en República Dominicana, vamos a tenerla aquí en el Congreso, que vengan los que la defienden, que hablen y que sean responsables. Ahora, el pacto social, el contrato al que nosotros hemos llegado es el de respetar el Estado de derecho”, señaló.
Mariotti Paz también cuestionó si la reciente respuesta policial ha logrado disminuir la percepción de inseguridad y citó hechos delictivos ocurridos recientemente para argumentar que todavía existen desafíos importantes en materia de prevención y persecución criminal.
Sánchez defiende actuaciones policiales
En contraste, el diputado Carlos Sánchez, miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía, consideró que el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, “se está extralimitando” al anunciar que llevará ante organismos internacionales denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Sánchez reconoció que la organización está en su derecho de presentar las acciones que considere pertinentes, pero sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar y determinar si se produjeron actuaciones ilegales.
El legislador aclaró que los antecedentes delictivos de una persona no facultan a los agentes a quitarle la vida, aunque señaló que quienes han fallecido recientemente en alegados enfrentamientos han sido identificados por las autoridades como personas vinculadas a actividades delictivas.
Sánchez defendió además que existe un amplio respaldo ciudadano a las actuaciones de la Policía y aseguró que las reacciones que observa en medios de comunicación y redes sociales muestran una posición mayoritariamente favorable hacia la respuesta de la institución frente a la delincuencia.
Muertes reavivan debate sobre actuación policial
El debate se produce en medio de una sucesión de muertes durante intervenciones policiales en distintas provincias del país. Solo en septiembre fueron reportadas decenas de personas fallecidas en hechos que la Policía Nacional describió como intercambios de disparos, mientras organizaciones de derechos humanos han reclamado investigaciones independientes sobre las circunstancias en que ocurrieron.
Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por lo que califica como presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras la discusión pública continúa centrada en los límites del uso de la fuerza, el debido proceso y la estrategia de seguridad frente a la delincuencia.
Diputados cuestionan presuntas “ejecuciones extrajudiciales” de la PN
