SANTO DOMINGO — Lo que debía ser la principal festividad del municipio de Hato Mayor del Rey se transformó en luto y consternación colectiva tras la caída de tres menores de edad desde una atracción mecánica. El trágico acontecimiento, expuesto y analizado por el periodista Hansel García en Esto No es Radio Show, ha reabierto el debate nacional sobre la falta de regulación, mantenimiento y fiscalización de los juegos mecánicos en las celebraciones patronales del país.
La noche del pasado 18 de septiembre, a las 9:40 p.m., tres adolescentes y preadolescentes —dos hermanas y una vecina— disfrutaban del juego mecánico conocido como «la estrella» o «la estrellita» en la feria instalada en una de las vías principales de Hato Mayor del Rey. Durante el recorrido circular, una de las canastas de la atracción se abrió de manera imprevista, provocando que las tres menores cayeran al vacío desde gran altura.
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El pueblo pasó instantáneamente «de la risa al llanto». Las accidentadas recibieron los primeros auxilios locales y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Pedriático Dr. Hugo Mendoza en el Distrito Nacional. Mientras una de las niñas fue dada de alta días después por presentar lesiones leves, las menores de 13 y 11 años sufrieron los impactos más graves.
Lamentablemente, tras nueve días en cuidados intensivos y múltiples intervenciones quirúrgicas, la niña de 11 años, Lianji Ramírez Reyes, falleció a causa de una hemorragia cerebral y disfunción encefálica. Ante el deceso de la menor de edad y el sepelio efectuado el pasado domingo, la Alcaldía de Hato Mayor y el Comité Organizador anunciaron la suspensión total de las actividades festivas y recreativas en la demarcación.
Vacíos de regulación y falta de peritaje
En su intervención, Hansel García advirtió que este tipo de instalaciones itinerantes suelen operar en municipios del interior con equipos oxidados, desgastados o en condiciones precarias. El análisis social evidencia un vacío en la cadena de responsabilidad institucional, la cual involucra a tres organismos clave:
Ministerio de Interior y Policía: Entidad encargada de otorgar las licencias de funcionamiento nacional y verificar que las empresas cumplan con los estándares exigidos. Entre las exigencias normativas figuran pólizas de seguro contra accidentes (por un mínimo de RD$ 500,000), señalización de riesgos eléctricos, barreras de seguridad, extintores y estaciones de primeros auxilios.
Ayuntamientos y Gobiernos Municipales: Responsables directos del uso del espacio público y de autorizar la instalación formal de ferias en las patronales.
Cuerpos de Bomberos: Encargados de la inspección técnica sobre el terreno antes de la puesta en marcha de los aparatos.
El abordaje resalta cómo la falta de inspecciones rigurosas y la cultura de actuar únicamente tras la ocurrencia de las tragedias perpetúan el riesgo para la ciudadanía.
Proceso judicial y responsabilidades penales y civiles
En el ámbito legal, el caso ha experimentado giros significativos. Inicialmente, las autoridades detuvieron a tres operadores de la atracción (Armando Amador, Darling José Paulino y Melvin José Tejada); sin embargo, tras la presión social y mediática local, fueron liberados al constatarse que solo ejecutaban labores operativas básicas.
Posteriormente, se presentó ante el Ministerio Público el empresario Simón María Esteves Ramos, propietario de la empresa instaladora Estevez Park, quien permanece detenido a la espera de la medida de coerción.
Recalificación penal: Aunque el hecho fue tipificado al principio como un accidente con heridos, el posterior deceso de Lianji Ramírez modifica la categoría jurídica hacia un atentado culposo contra la vida por inobservancia o negligencia. De comprobarse infracciones en las medidas de seguridad, el Código Penal contempla penas de 1 a 3 años de prisión, acompañadas de multas de 9 a 15 salarios mínimos del sector público, sin perjuicio de eventuales agravantes.
Responsabilidad civil municipal: Conforme a la Ley 176-07 de Municipios, la Alcaldía de Hato Mayor podría ser demandada por la vía civil de manera compartida si autorizó la operación de la feria sin el cumplimiento irrestricto de los requisitos legales y de seguridad.
