Por Luis Ramón López
MOCA, Espaillat.-El abogado y defensor de los derechos humanos Rhadamés Mercedes, quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Moca, denunció que una porción de lo que se conocen como «intercambios de disparos» entre agentes del orden y jóvenes acusados de ser delincuentes deberían ser investigados para verificar si son ejecuciones extrajudiciales en ciertas situaciones.
Mercedes, sostuvo que existe un patrón que, a su juicio, afecta principalmente a jóvenes de sectores vulnerables, y cuestionó que la respuesta de las autoridades frente al auge de la delincuencia continúe concentrándose en acciones represivas, sin el desarrollo de políticas públicas efectivas de prevención.
“Esas redadas son ejecuciones, donde el patrón es agarrar vivo y lincharlo”, afirmó el dirigente de derechos humanos, al referirse a lo que considera una continuación de la denominada “Operación Limpieza”.
El abogado y profesor aseguró que desde el año 2020 hasta la actualidad se han producido más de 700 muertes de jóvenes que, según las denuncias de la organización, podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. Esta cifra también ha sido planteada públicamente por la dirección nacional de la CNDH-RD.
Rhadmés Mercedes, atribuyó el incremento de la delincuencia, entre otros factores, a la ausencia de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables, así como a lo que calificó como un fracaso de la reforma policial para modificar prácticas relacionadas con el uso de la fuerza.
La CNDH-RD, ha sostenido públicamente que numerosos casos reportados oficialmente como intercambios de disparos requieren investigaciones independientes y rigurosas. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado dominicano rechazó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y afirmó que las fuerzas de seguridad actúan dentro del marco jurídico.
Llamado a detener las muertes
El profesor y abogado Rhadhamés Mercedes hizo un llamado a las autoridades a frenar cualquier actuación policial que pueda producir muertes al margen de la ley y reclamó que el Estado fortalezca su papel preventivo frente a la delincuencia.
Consideró que enfrentar la criminalidad requiere más que operativos policiales, señalando la necesidad de oportunidades educativas, laborales y sociales para los jóvenes de comunidades vulnerables.
Finalmente, exhortó a las autoridades a garantizar que cada muerte ocurrida durante operaciones policiales sea investigada con transparencia, de manera que se establezca con precisión si existió un enfrentamiento real o un uso ilegítimo de la fuerza.
