Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron parte en la operación que dio lugar a la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El operativo coordinado entre ambas dependencias estuvo liderado por un vicealmirante de Marina identificado como Juan Ortega Siu y contó con la presencia de al menos 60 elementos de la Armada de México. En este, además, tomó parte el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo, y otro oficial. Documentos inéditos en poder de WIRED en Español, que fueron elaborados por la Secretaría de la Defensa, prueban que la oficina del entonces titular, Salvador Cienfuegos, así como otros altos mandos de la jerarquía castrense, estuvieron informados de los detalles del operativo.
Al menos cuatro personas fueron detenidas durante la “Operación Apetlanca”, un despliegue que, oficialmente, fue desarrollado el 27 de octubre de 2014, apenas un mes después de las desapariciones, en diversos municipios de Guerrero. Todos los detenidos denunciaron torturas. Sus declaraciones fueron clave para apuntalar la narración de que los restos de los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y esparcidos en el río San Juan tras ser asesinados, lo que se conoce como la “verdad histórica”. De hecho, un informe de febrero de 2022 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que este operativo fue parte fundamental para que Enrique Peña Nieto promoviera su propia explicación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Los cuatro documentos a los que tuvo acceso WIRED en Español fueron elaborados por la Sedena, forman parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), y recrean el denominado “Operativo Apetlanca”. Dos de ellos están firmados por el mayor de Infantería Leonardo Dámaso Solís Guillén; otro por el general Saavedra y el último es un listado del personal de fusileros paracaidistas desplegado en el operativo. El principal objetivo, tal y como se asienta en uno de los documentos, era “la detención del C. David Hernández Sánchez, comisario de la población de Apetlanca”, ya que “se tenia conocimiento que proporcionaba protección y tenía escondidos en domicilios de citada población a varios participantes materiales de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Işidro Burgos’”. No dice cómo se llegó a tal conclusión ni cuál fue la fuente que señaló a esta persona.
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El periodista Alberto Pradilla cuenta cómo los amparos de ex acusados del caso Ayotzinapa, la desaparición del INAI y los laberintos de la burocracia mexicana han blindado la carpeta que resultó en la llamada “verdad histórica”.
Aquel día no hubo ningún David detenido, pero sí se arrestó a Darío Morales Sánchez, “el Comisario”. Junto a él, el exprocurador Jesús Murillo Karam anunció la captura de Jonathan Osorio Cortez, “Jona”, y Patricio Reyes Landa, “Pato”. Un día antes había sido atrapado Agustín García Reyes, “el Chereje”, quien permaneció en manos de la Marina durante horas sin que se hubiese informado del arresto. Todos ellos fueron acusados de participar directamente en la desaparición de los estudiantes, encarcelados y, finalmente, exonerados por un juez en 2018 debido a que sus testimonios se obtuvieron bajo torturas y a otros errores procesales. Una investigación de Quinto Elemento Lab en 2025 reveló el papel de la Marina en este operativo y aportó pruebas sobre las torturas perpetradas. Estos documentos vienen a reforzar esta versión.
Tanto García Reyes como Reyes Landa declararon ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) haber participado en la muerte y desaparición de los 43 estudiantes. El primero fue filmado el 28 de septiembre junto al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en un recorrido en el río San Juan. Un día después, en el mismo escenario, aparecieron restos óseos de Alexander Mora, uno de los 43, lo que sirvió a las autoridades para apuntalar la denominada “verdad histórica”.
Los cuatro documentos a los que tuvo acceso WIRED en Español reflejan la cronología del despliegue de marinos acompañados por militares en Apetlanca y Cocula. El objetivo se reitera en varias ocasiones: “Lograr la ubicación y detención de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y del comisariado ejidal, quienes posiblemente participaron en la agresión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”.
