El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que me entregara el expediente que investiga la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. “La FGR debe entregar y publicar en su página de Internet una versión pública de la investigación”, anunció la Corte en su página web. Los jueces me dieron la razón, pero la fiscalía todavía no ha cumplido.
Llevo cuatro años intentando que me den el expediente. En este tiempo, intervinieron el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos tribunales administrativos y hasta la Suprema Corte. Ninguno logró que la FGR me proporcionara los documentos.
Tras el fallo de la SCJN, la dependencia que dirige Ernestina Godoy ha decidido enterrarme en burocracia: desobedece el mandato judicial a pesar de reconocer que sabe que la sentencia existe. Su excusa es que nunca llegó a la oficina adecuada. Desconozco si ese mismo argumento sirve para cualquier ciudadano que incumple el mandato de un juez.
Llevo años cubriendo violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En agosto de 2022, presenté una de las decenas de solicitudes de transparencia que se tramitan cada año: quería una versión pública de la carpeta que investiga la denominada “verdad histórica”, el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto para imponer una verdad oficial: que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan. Una teoría que fue descartada por investigaciones independientes.
El entonces procurador general Jesús Murillo Karam, junto al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zeron (izquierda), durante una conferencia de prensa en la sede de la PGR en la Ciudad de México el 27 de octubre de 2014.
ALFREDO ESTRELLA/Getty Images
Quería conocer qué pasos dieron los investigadores en su proceso contra antiguos funcionarios como el ex fiscal general, Jesús Murillo Karam, actualmente con un grillete electrónico; o el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel para eludir la justicia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había convertido el esclarecimiento del caso en uno de sus compromisos, e investigar a los funcionarios que trataron de cerrarlo mediante la “verdad histórica” era una línea prioritaria. Quería saber qué es lo que las autoridades habían hecho más allá de los discursos oficiales.
La versión pública implica que se tapen nombres propios y algunos detalles que permitirían identificar a las personas mencionadas en los documentos. La ley mexicana prohíbe expresamente la reserva de información en casos de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Por eso, no tenía dudas de que el INAI me daría la razón.
Tampoco me sorprendió la primera reacción de la FGR, que trató de evitar que se entregara la carpeta alegando que podría perjudicar a la investigación. En sus primeras alegaciones dijo que “obstruiría las funciones de investigación del delito, toda vez que se atenta contra el desarrollo de la teoría del caso”, que la publicidad podría afectar el derecho a la presunción de inocencia de los encausados (sin especificar si se refería a los funcionarios o a los acusados de desaparecer a los 43 jóvenes), y que los testigos protegidos podían sufrir ataques. En realidad nunca pedí los nombres, sino un expediente con datos personales eliminados. En la práctica, muchas de las identidades de los implicados eran de dominio público.
