Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió hasta el momento a 42 adjudicatarios, mientras mantiene abiertas las revisiones e investigaciones relacionadas con denuncias de posibles irregularidades en procesos de contratación de la institución.
El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, informó que también fueron reforzadas las reinspecciones y las revisiones internas, además de poner los señalamientos en conocimiento de los organismos de control correspondientes para que sean investigados.
Pérez aseguró que la institución está interesada en que las denuncias sean aclaradas y afirmó que, si se comprueba alguna actuación contraria a las normas, se tomarán las medidas establecidas por la ley.
“Somos los más interesados en que cualquier denuncia sea investigada con rigor. Si se comprueba alguna irregularidad, seremos los primeros en actuar conforme a la ley”, afirmó.
INABIE suspende a 42 suplidores y abre investigación por denuncias de irregularidades
Las medidas fueron anunciadas luego de que un reportaje periodístico señalara presuntas irregularidades en adjudicaciones a oferentes con poca experiencia. Ante estos señalamientos, el funcionario reiteró que el INABIE facilitará la información necesaria para que las autoridades competentes puedan realizar las verificaciones.
Pérez explicó además que durante los procesos cuestionados la institución mantuvo coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y tomó en cuenta recomendaciones realizadas por ese organismo, incluyendo modificaciones a las condiciones de participación para ampliar la concurrencia y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
El funcionario sostuvo que cualquier señalamiento surgido posteriormente debe ser remitido a los órganos correspondientes para determinar si existen responsabilidades.
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Supervisión a los suplidores
En cuanto a los servicios de alimentación escolar, Pérez indicó que el INABIE mantiene requisitos sanitarios para los suplidores encargados de garantizar la calidad de los alimentos que reciben más de 2.1 millones de beneficiarios en más de 7,100 centros educativos del país.
Entre las exigencias mencionó el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, normas de higiene y manipulación de alimentos, además de la capacitación del personal que trabaja en las cocinas escolares.
La institución aseguró que continuará con los mecanismos de control y supervisión mientras avanzan las investigaciones y verificaciones sobre los señalamientos realizados.
