El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas, entre ellas exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0, una investigación en la que las autoridades persiguen una presunta estructura dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según las pesquisas, no habrían sido realizados.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
En el proceso también participan los fiscales Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto, quienes solicitaron además que el caso sea declarado complejo, debido a la cantidad de imputados y a las características de las investigaciones.
La magistrada Mirna Ortiz, procuradora de Corte, explicó que esta nueva actuación corresponde a una “tercera fase” de las investigaciones, luego de que el Ministerio Público identificara nuevas líneas relacionadas con la presunta sustracción de recursos públicos.
De acuerdo con la acusación presentada por el órgano persecutor, el supuesto esquema consistía en facturar y cobrar a SeNaSa por servicios, consultas y procedimientos médicos que presuntamente nunca fueron realizados
Ortiz sostuvo que estas operaciones no solo habrían generado pérdidas económicas para la aseguradora estatal, sino que también habrían afectado la cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados en las supuestas maniobras.
“Esto no solo drenaba los fondos de SeNaSa, sino que también afectaba la cobertura que cada uno de los pacientes tenía sobre el seguro, pues consumía las cuotas del dinero que el seguro acreditaba en sus pólizas”, explicó la representante del Ministerio Público.
La procuradora de Corte indicó que, hasta el momento, los encartados incluidos en este expediente son personas físicas, aunque advirtió que las investigaciones podrían ampliarse hacia personas jurídicas y otras líneas de investigación.
Los 25 imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladados ante el tribunal para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
Según el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con presuntas irregularidades en la autorización de servicios médicos.
Las pesquisas señalan
