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Más de 150 dominicanos habrían salido del país atraídos por ofertas de trabajo en el extranjero y posteriormente terminado en zonas vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania, según una denuncia presentada por familiares de los afectados y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH).
La organización solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República abrir una investigación ante la posibilidad de que detrás de estos casos exista una red dedicada a la trata de personas y al tráfico ilícito de nacionales.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación se encuentra en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, donde el CDDH asegura haber identificado alrededor de 50 personas que presuntamente viajaron bajo un esquema similar.
No obstante, hasta el momento, las cifras sobre los posibles afectados, la forma en que fueron reclutados y las condiciones en las que se encontrarían provienen principalmente de la denuncia del CDDH y de testimonios ofrecidos por familiares. Corresponderá a las autoridades determinar, mediante una investigación formal, el alcance real del caso.
Según Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador del CDDH para la Región Sur, varios de los dominicanos habrían sido contactados a través de redes sociales y plataformas digitales con propuestas para trabajar en el extranjero.
Durante una intervención en el programa Revista 110, Sánchez explicó que las personas no habrían viajado con la intención declarada de participar en una guerra, sino bajo la expectativa de desempeñar labores civiles.
Entre los empleos que supuestamente les ofrecieron figuran puestos de mecánicos, soldadores, chóferes y trabajadores de apoyo logístico, con salarios y condiciones económicas que habrían resultado atractivos para personas interesadas en mejorar sus ingresos.
Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recopilados por el CDDH, las condiciones habrían cambiado una vez que algunos llegaron a su destino.
La organización sostiene que algunos dominicanos habrían sido despojados de sus pasaportes y otros documentos de identidad y, posteriormente, sometidos a entrenamiento militar antes de ser enviados a zonas relacionadas con el conflicto.
De confirmarse, la retención de documentos, el posible engaño sobre las condiciones reales del empleo y cualquier forma de coerción serían elementos de especial importancia para determinar si existe una estructura de trata de personas, algo que deberá ser establecido por las autoridades competentes.
El CDDH afirma que los dominicanos involucrados eran trabajadores civiles y que no habrían viajado motivados por razones políticas o ideológicas. Sánchez también señaló que muchos de ellos no tendrían experiencia militar previa.
La denuncia también aporta información sobre las rutas que presuntamente utilizaron algunos de los viajeros. Según el representante del CDDH, los desplazamientos podían incluir escalas en Panamá, Colombia y Turquía, particularmente en Estambul, antes de continuar hacia territorio ruso.
El destino final de algunos de los afectados habría estado relacionado con la región del Donbás, uno de los principales escenarios del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Para determinar si detrás de estos viajes existe una red organizada, las autoridades deberán establecer quién realizó los contactos, quién compró los boletos, qué contratos fueron firmados y qué personas, empresas o intermediarios participaron en el proceso de reclutamiento y traslado.
También será necesario verificar de manera individual las circunstancias en las que cada ciudadano salió de República Dominicana y las condiciones en las que permanece actualmente en el extranjero.
Bajos de Haina podría convertirse en uno de los puntos principales de la investigación. El CDDH asegura que aproximadamente 50 personas de ese municipio habrían viajado mediante ofertas de trabajo similares, cifra que representaría cerca de una tercera parte de los más de 150 dominicanos mencionados en la denuncia.
Los investigadores podrían analizar posibles conexiones entre los casos mediante números telefónicos, perfiles de redes sociales, transferencias de dinero, agencias de viajes, contratos, boletos aéreos y cualquier otra documentación relacionada con los desplazamientos.
Mientras tanto, familiares de los presuntos afectados reclaman la intervención de las autoridades dominicanas para determinar dónde se encuentran sus parientes y cuáles son las condiciones en las que permanecen.
El CDDH pidió la intervención de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, con el objetivo de localizar a los ciudadanos y evaluar, a través de los canales diplomáticos correspondientes, las posibilidades de facilitar su regreso seguro al país.
La situación podría representar un desafío debido a que los ciudadanos se encontrarían en territorio extranjero y, según la denuncia, algunos estarían en zonas vinculadas directamente con operaciones militares. Cualquier proceso de localización o eventual repatriación requeriría coordinación entre distintas instituciones.
El caso también representa una advertencia para los dominicanos que buscan empleos en otros países a través de internet. Una oferta con un salario elevado no garantiza que se trate de una oportunidad legítima.
Antes de aceptar un empleo en el extranjero, es recomendable verificar la identidad y existencia de la empresa contratante, revisar el contrato completo, confirmar el tipo de visa requerida y comprobar que la actividad autorizada coincida con el trabajo ofrecido.
También es importante que los familiares conserven copias del pasaporte, contrato laboral, boletos de viaje, dirección del empleador y datos de las personas que gestionaron el traslado. Una señal de alerta es que un supuesto empleador pretenda quedarse con el pasaporte del trabajador. El documento de viaje es fundamental para la identificación y movilidad de una persona en otro país.
Las ofertas recibidas exclusivamente a través de perfiles desconocidos en redes sociales, acompañadas de promesas de salarios extraordinarios y poca información verificable sobre la empresa, también deben ser examinadas con especial cautela.
Ahora, la atención está puesta en las autoridades dominicanas. La investigación deberá determinar cuántos ciudadanos viajaron realmente, quiénes los contactaron, si existen reclutadores operando desde República Dominicana y cuáles fueron las condiciones bajo las que salieron del país.
También deberá establecerse si los afectados aceptaron inicialmente contratos para realizar labores civiles, qué documentos recibieron y bajo qué circunstancias terminaron, presuntamente, vinculados a actividades militares en territorio ruso.
El CDDH sostiene que serían más de 150 los dominicanos involucrados, entre ellos alrededor de 50 procedentes de Bajos de Haina, y reclama que, si se confirma la existencia de una estructura de captación y traslado, los responsables sean identificados y sometidos a la justicia.
El próximo paso dependerá de la respuesta de la Procuraduría General de la República y de las autoridades diplomáticas dominicanas ante la solicitud de investigación y el pedido de localizar a los ciudadanos señalados como posibles víctimas.
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