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Santo Domingo.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas de embargo conservatorio, embargo retentivo e hipoteca judicial provisional por un monto de RD$500 millones contra los bienes de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el proceso relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.
El tribunal, reunido en cámara de consejo y presidido por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz, junto a la jueza Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los hermanos Espaillat a través de su equipo de abogados.
En la deliberación también participó el magistrado Rafael Báez García, quien no pudo suscribir la decisión debido a que se encontraba de vacaciones al momento de la firma.
La Corte consideró que las medidas adoptadas tienen un carácter cautelar, instrumental y provisional, por lo que no representan una condena civil anticipada. Su propósito, según establece la decisión, es preservar bienes suficientes que permitan garantizar una eventual reparación por los daños ocasionados a las víctimas de la tragedia.
Los jueces destacaron, además, que el magistrado Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó un límite económico preciso de RD$500 millones, por lo que ninguna actuación destinada a ejecutar estas medidas puede superar dicho monto.
Uno de los principales argumentos planteados por la defensa de los empresarios fue que la existencia de una gran cantidad de víctimas podría generar una afectación patrimonial superior a la suma establecida por el tribunal de primer grado.
Sin embargo, la Corte rechazó ese planteamiento y sostuvo que la pluralidad de víctimas forma parte de la propia naturaleza y estructura del proceso judicial, por lo que no constituye, por sí sola, una razón válida para privarlas de los mecanismos cautelares contemplados en la legislación.
Con esta decisión, quedan ratificadas las medidas dirigidas a preservar parte del patrimonio de los imputados, mientras continúa el proceso judicial por una de las tragedias más devastadoras ocurridas en el país.
