El Ayuntamiento de Moca llamó a una reflexión técnica, pedagógica y constitucional tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia TC/0785/26, al tiempo que propuso una serie de reformas orientadas a fortalecer la autonomía y capacidad operativa de los gobiernos municipales en materia de tránsito y ordenamiento urbano.
A través de una posición institucional, la Alcaldía señaló que el fallo debe ser analizado desde una perspectiva constructiva y de aprendizaje institucional, procurando armonizar la doctrina jurídica y la jurisprudencia con las necesidades reales de los municipios y sus comunidades. El cabildo sostuvo que la sentencia no cuestiona la legitimidad ni la necesidad de que los ayuntamientos ordenen el estacionamiento, recuperen los espacios públicos y regulen aspectos relacionados con la movilidad urbana. Sin embargo, consideró que la decisión pone sobre la mesa un debate sobre el alcance efectivo de la autonomía municipal en República Dominicana.
El Ayuntamiento de Moca advirtió que existe el riesgo de que los cabildos terminen reducidos a funciones esencialmente administrativas si poseen competencias para organizar el tránsito y gestionar los espacios públicos, pero carecen de herramientas suficientes para fiscalizar y aplicar determinadas medidas.
Según la institución, esta situación también genera dificultades financieras, debido a que los municipios reciben responsabilidades sin contar necesariamente con los recursos económicos y las facultades necesarias para cumplirlas de manera eficiente.
La Alcaldía consideró necesario revisar el modelo actual de gobierno local, incluyendo aspectos relacionados con la estructura institucional, las nóminas municipales y la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos. El cabildo identificó tres grandes obstáculos para el fortalecimiento de los gobiernos locales: las incongruencias legislativas, la rigidez en la aplicación de determinados criterios judiciales y las limitaciones financieras.
En materia legislativa, sostuvo que persiste un déficit de normas que permitan desarrollar plenamente el principio constitucional de descentralización, al tiempo que se transfieren responsabilidades a los municipios sin que estas sean acompañadas de recursos económicos suficientes.
Sobre el ámbito judicial, planteó la necesidad de que las decisiones relacionadas con las competencias municipales ponderen la efectividad del orden público y la función de los gobiernos locales, sin despojar a los ayuntamientos de herramientas necesarias para atender problemas urbanos.
En cuanto al financiamiento, señaló que el esquema presupuestario actual limita la capacidad de los gobiernos municipales para responder adecuadamente a las necesidades de sus territorios. Ante la sentencia, el Ayuntamiento de Moca informó que trabaja en la adecuación de sus mecanismos de fiscalización, inmovilización, remoción y cobro a las disposiciones establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Como alternativa, planteó un esquema operativo basado en la coordinación entre el Ayuntamiento, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
De acuerdo con la propuesta, el Ayuntamiento conservaría la facultad de regular los estacionamientos, definir zonas de parquímetros, establecer horarios y restricciones y colocar la señalización correspondiente, conforme a los estándares técnicos establecidos por el INTRANT. La fiscalización formal en las vías públicas estaría a cargo de agentes de la DIGESETT, quienes verificarían las infracciones y levantarían las actas correspondientes conforme a la Ley 63-17.
Mientras tanto, la remoción de vehículos podría ejecutarse mediante grúas municipales o contratadas, pero siempre bajo una orden formal del agente competente y siguiendo un protocolo que incluya acta, registro fotográfico, georreferenciación, inventario y cadena de custodia. El Ayuntamiento también propuso establecer una diferenciación entre el estacionamiento indebido simple y aquellas situaciones que representen una obstrucción grave del espacio público.
En ese sentido, plantea considerar de manera especial los vehículos que bloqueen pasos peatonales, rampas de accesibilidad, rutas de emergencia, esquinas que afecten la visibilidad o espacios que obstaculicen significativamente el flujo vehicular.
En los casos considerados críticos, la remoción sería inmediata, acompañada de una justificación reforzada. La Alcaldía también planteó separar la multa correspondiente a la infracción de los gastos relacionados con grúa, remoción y custodia, mediante una metodología tarifaria sustentada en los costos reales de esas operaciones.
El Ayuntamiento de Moca propuso que el debate generado por la sentencia sirva como punto de partida para impulsar modificaciones a la Ley 63-17 y al Reglamento del Régimen Sancionador. Entre las medidas planteadas figura establecer de manera expresa las causales para inmovilizar vehículos, determinar la autoridad competente para ordenar esa medida y fijar límites temporales para su aplicación.
También propone incorporar garantías de debido proceso y prohibir que la inmovilización de vehículos sea utilizada como mecanismo de presión para exigir el pago inmediato de multas. Una de las principales propuestas consiste en reconocer a las autoridades municipales facultades de fiscalización del tránsito y de levantamiento de actas de infracción, en coordinación con las instituciones nacionales competentes. El cabildo mocano consideró necesario que las organizaciones que representan a los gobiernos locales adopten una posición más articulada frente a decisiones judiciales que establezcan precedentes aplicables a los ayuntamientos de todo el país.
En ese contexto, llamó a la Liga Municipal Dominicana (LMD) y a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) a asumir un mayor liderazgo técnico y político en la defensa y fortalecimiento de las competencias municipales.
Finalmente, el Ayuntamiento de Moca propuso formalmente la creación de una Mesa de Diálogo Técnico-Jurídico integrada por el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, el INTRANT, la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU. El objetivo sería analizar y adecuar las normas nacionales para avanzar hacia un modelo de gobierno local que, según el cabildo, sea funcional, financiado, eficiente y compatible con el Estado de derecho. La institución sostuvo que los gobiernos municipales constituyen la instancia estatal más cercana a la ciudadanía y la primera línea de respuesta ante numerosos problemas urbanos, por lo que consideró necesario garantizarles las herramientas legales y financieras que permitan ejercer de manera efectiva sus responsabilidades.
