La fiscalía general de California respondió el lunes a la solicitud de Paramount de depositar una fianza de 1.880 millones de dólares, y aseguró que la compañía busca en realidad reconsiderar el acuerdo que había firmado para retrasar su fusión con Warner Bros. hasta el juicio antimonopolio previsto para marzo del próximo año.
En un comunicado, la oficina del fiscal general argumentó que Paramount es una empresa sofisticada que sabía, desde el momento en que aceptó pagar a los accionistas de Warner Bros. una tarifa de 7 millones de dólares diarios por retraso, que se enfrentaría a una revisión regulatoria. Según la fiscalía, California no debería tener que asumir el peso de esa decisión empresarial.
Una fianza que reabre la disputa
Rob Bonta, fiscal general de California, encabeza una coalición de 12 estados que busca bloquear la fusión al considerar que reducirá la competencia en los mercados de cine y televisión por cable. El mes pasado, Paramount había aceptado posponer el cierre del acuerdo hasta que el caso se resolviera en juicio, o hasta junio de 2027, lo que ocurriera primero.
Sin embargo, la compañía esperaba una fecha de juicio más temprana, idealmente en noviembre. En una moción presentada el lunes, Paramount alegó que se vería obligada a pagar 1.700 millones de dólares en honorarios por retraso a los accionistas de Warner Bros. si el proceso se extiende hasta junio, además de otros 190 millones de dólares en costes de financiación.
Paramount sostiene que los estados demandantes, junto al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que presentó su propia demanda antimonopolio, deberían depositar una fianza que cubra las pérdidas derivadas del retraso, en caso de que la fusión termine aprobándose.
El origen del conflicto judicial
La jueza Araceli Martínez-Olguín concedió en julio una orden de restricción de 14 días para bloquear la fusión, y en ese momento eximió a los estados de depositar una fianza, al considerar que actuaban en defensa de intereses públicos relevantes. Poco después, los estados, el Sindicato de Guionistas y Paramount firmaron un acuerdo para retrasar la fusión que tampoco incluía ese requisito.
Ahora que Martínez-Olguín fijó el juicio para el 2 de marzo, Paramount busca modificar ese acuerdo para incluir la fianza de 1.880 millones de dólares. Si no lo consigue, la compañía plantea disolver el pacto y permitir que la fusión se concrete sin más demora.
La fiscalía general fue tajante en su respuesta: recordó que Paramount y Warner Bros. son dos compañías sofisticadas que decidieron de forma deliberada incluir una costosa cláusula de penalización por demora en su contrato de fusión, sabiendo que el acuerdo sería sometido a revisión regulatoria. Según la oficina de Bonta, fue la propia Paramount la que fijó los plazos que ahora impugna, sin exigir entonces ninguna fianza.
Por su parte, Paramount emitió el lunes un comunicado en el que sostiene que los 12 estados desafían un consenso general según el cual la operación no representa un riesgo real para la competencia. La compañía aseguró que sigue confiando en que la demanda carece de fundamento y que defenderá su transacción ante los tribunales.
