La legitimidad política se refiere a la justificación del ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Pero hay que distinguir entre dos clases de legitimidad: la legitimidad de origen y la de ejercicio (o “de gestión”). La primera está ligada a la justificación de la autoridad en referencia a la validez de los títulos que otorgan el acceso al poder; a la segunda se la asocia con la justificación de la autoridad con relación a las decisiones políticas adoptadas durante la administración del poder. Así, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encontró su legitimidad de origen en la investidura por el Congreso de los Diputados en 2023, después de celebradas las elecciones generales. Una misma Cámara que, por cierto, aprobó una inédita exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Sin embargo, frente a los casos de corrupción que acechan el ejercicio del poder, Pedro Sánchez antepone siempre aquella legitimidad de “origen”, a la vez que, paradójicamente, orilla la responsabilidad parlamentaria, mientras las miradas se vuelven, como ha señalado Pedro Cruz, hacia otro tipo de responsabilidad previsto en la Constitución: “la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno” (artículo 102).
Ahora bien, el problema de las “dos legitimidades” ha sido considerado por la historia de la teoría política desde perspectivas diversas. Los jurisconsultos del Imperio romano toman las reflexiones acerca del origen del poder de Cicerón o Séneca, introduciendo innovaciones como Ulpiano, para quien es el pueblo (populus) el que transmite el poder al príncipe (princeps), entendiendo que la autoridad proviene de la comunidad. Esta doctrina la recuperan los teóricos del absolutismo, para los que la autoridad no está obligada a justificarse ante las leyes humanas, de manera que el poder no queda forzado a rendir cuentas ante los hombres. La legitimidad es la cesión irrevocable del pueblo, que debe resignarse a la obediencia a una autoridad irrestricta que se desprende de la legitimidad de origen –la cesión irrevocable–.
La legitimidad democrática debe preservarse durante todo el mandato. El voto permite premiar o castigar a los gobernantes
Frente a esta doctrina se afirmó el derecho de resistencia de los gobernados ante una autoridad tiránica (Tomás de Aquino). La segunda escolástica (Mariana, Suárez), así como los monarcómacos (Beza, Hotman), profundizan en la línea tomista, hasta el punto de llegar a admitir el tiranicidio como una alternativa lícita. Era crucial que la autoridad fuera legítima y legal tanto en su origen —que respetara los procedimientos que reglamentan el acceso al Gobierno— como en su ejercicio —que observara las leyes durante el curso de la administración del poder—. Estas ideas serán heredadas por Locke y el pensamiento liberal, que insistirán en que el consentimiento de los gobernados constituye el motor que pone en marcha el funcionamiento de la comunidad política. Los gobernantes se comprometen a velar por el respeto a los derechos de los gobernados, quedando sujetos a los compromisos asumidos. Se trata de la noción del gobernante como fideicomisario (trustee), es decir, atado a cumplir con aquello a lo que se comprometió; en caso de incumplimiento, los gobernados no quedan obligados por el contrato y recuperan así la totalidad del poder que poseían antes de constituir la comunidad y que habían cedido precisamente para ponerla en funcionamiento.
Nuestras actuales democracias representativas son tributarias tanto de la tradición medieval como de la doctrina liberal. El pueblo, como titular último de la soberanía, no se desprende absolutamente de esta, sino que “solo” delega su ejercicio en los representantes por medio de las elecciones. Es tan importante atender al origen del poder —en la medida en que los representantes del pueblo deben ser designados por los electores a través del sufragio— como a su ejercicio —en tanto las autoridades quedan atadas a la rendición de cuentas—. En una democracia avanzada, el gobernante es escrutado de manera continua y no solamente el día de la elección. Para ello hay que garantizar los controles y el equilibrio de poderes a través de frenos y contrapesos capaces de evitar que se disponga de un poder desproporcionado.
Es indudable que el mecanismo más efectivo de escrutinio del poder es el voto, a través del cual los ciudadanos conceden premios y castigos. El sufragio es un instrumento que permite a los electores expresar su disconformidad, sancionando a los políticos que no han cumplido. De esta manera, los gobernantes con gestiones deficientes son desplazados del poder de forma pacífica. El voto funciona como un mecanismo legal para castigar a los malos gobernantes de manera civilizada y sin necesidad de recurrir a la rebelión civil como antaño. El apego a los procedimientos y a las normas públicas hace que un Gobierno sea legítimo en su origen y en su ejercicio, descartando la rebelión civil. Ante un mal Gobierno, solamente cabe recurrir, en fin, al voto como mecanismo de castigo. Por eso mismo se resiste el ilegítimo Sánchez a disolver las Cámaras y convocar elecciones de una vez. @mundiario
