La investigación judicial sobre el denominado caso Leire Díez entra en una nueva fase. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada de carácter económico para reconstruir el circuito financiero de los fondos que, según las pesquisas, pudieron emplearse para sufragar actuaciones de algunos de los investigados en la causa. El magistrado Santiago Pedraz ha autorizado el rastreo de decenas de cuentas bancarias vinculadas al PSOE y a varios de los imputados con el objetivo de esclarecer el origen, recorrido y destino de esos movimientos económicos.
La decisión judicial supone un paso relevante dentro de una instrucción que, en los últimos meses, ha ampliado considerablemente su alcance. Si inicialmente las diligencias se centraban en un supuesto entramado empresarial, ahora el foco también se dirige hacia la financiación de las actividades que, según la investigación, habrían tratado de obtener información sensible sobre jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o de torpedear los procedimientos judiciales sensibles para el Gobierno y el partido.
Según el auto judicial, el magistrado ha librado mandamientos a doce entidades financieras para que remitan información detallada sobre alrededor de ochenta cuentas bancarias correspondientes a distintos investigados y sociedades mercantiles relacionadas con el procedimiento, además de varias cuentas atribuidas a Ferraz.
La documentación requerida incluye titulares, personas autorizadas, saldos, movimientos, transferencias nacionales e internacionales, emisión de cheques e incluso los registros de acceso a la banca electrónica mediante direcciones IP, con el propósito de reconstruir con precisión la trazabilidad de los fondos.
El periodo analizado abarca, según los casos, desde 2022 o 2024 hasta la actualidad. La Audiencia Nacional pretende determinar si parte de esos movimientos económicos pudieron servir para financiar las actuaciones de las cloacas que ahora son objeto de investigación por presuntos delitos relacionados con la corrupción y con eventuales actuaciones dirigidas a obstaculizar investigaciones judiciales o afectar al funcionamiento de las instituciones del Estado.
Los pagos a Leire Díez
Una de las principales líneas abiertas por los investigadores se centra en los pagos que, según los informes incorporados a la causa, habría recibido Leire Díez. La Guardia Civil sostiene que una parte de esos fondos habría llegado inicialmente a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultores, administrada por el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, desde la que se habrían realizado varias transferencias periódicas.
Posteriormente, la investigación apunta a un segundo circuito financiero a través del despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners, dirigido por el abogado Ismael Oliver, también investigado en el procedimiento. Según la UCO, parte del dinero recibido por este despacho habría sido transferido posteriormente a Leire Díez mediante otra sociedad mercantil vinculada al propio Oliver. Los investigadores consideran que ese esquema pudo responder a la intención de dificultar la trazabilidad de los fondos, extremo que ahora deberá ser contrastado mediante el análisis bancario ordenado por el juez.
La nueva pieza económica también incluye el examen de los pagos relacionados con el abogado Jacobo Teijelo, igualmente investigado en la causa. La investigación analiza varias facturas emitidas por el letrado y la documentación contractual que habría servido para justificar esos abonos. Según la UCO, una nota de encargo atribuida a la entonces gerente del PSOE habría servido de soporte documental para la contratación de determinados servicios jurídicos. La autenticidad y finalidad de esa documentación forman parte ahora del objeto de investigación.
Tanto Oliver como la exgerente socialista Ana María Fuentes están citados para declarar como investigados el próximo mes de septiembre.
Una investigación que ha ampliado su alcance
Cuando la Audiencia Nacional abrió las diligencias a finales de 2025, el procedimiento se centraba en varias operaciones empresariales atribuidas al grupo conocido como Hirurok, integrado por Leire Díez, el empresario Antxón Alonso dueño de Servinabar y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero. La trama, además, se solapa con las investigaciones que se enmarcan dentro de la rama del caso Koldo sobre el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
El desarrollo de la instrucción ha modificado sustancialmente el objeto de la investigación.
En resoluciones posteriores, el juez ha considerado necesario investigar si existió una estructura organizada que habría tratado de obtener información reservada o influir en investigaciones judiciales que se estimaran lesivas para los intereses de Ferraz y de La Moncloa. En ese contexto, el magistrado atribuye a Cerdán un presunto papel de dirección superior dentro del entramado investigado, una circunstancia que forma parte de las diligencias en curso y que deberá ser objeto de contraste durante la instrucción.
Doce entidades financieras deberán entregar toda la información
Entre las entidades requeridas figuran algunos de los principales bancos que operan en España, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Unicaja o Abanca.
No obstante, el magistrado ha rechazado por ahora ampliar las diligencias a los expedientes completos de préstamos concedidos por esas entidades o a las comunicaciones remitidas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), al considerar que esas actuaciones no resultan imprescindibles en el momento actual de la investigación, aunque deja abierta la posibilidad de acordarlas más adelante si la evolución del procedimiento lo aconseja.
Con esta nueva pieza económica, la Audiencia Nacional busca reconstruir con precisión el recorrido de los fondos investigados y determinar si los pagos analizados respondían a actividades lícitas o si pudieron formar parte del entramado que investiga el juzgado. La instrucción continúa abierta y las diligencias deberán esclarecer el alcance real de unas operaciones financieras que ahora pasan a convertirse en uno de los ejes centrales del procedimiento judicial. @mundiario
