La llegada irregular de unas 50.000 personas a Ceuta en apenas unas horas ha vuelto a desnudar la fragilidad de una de las fronteras más sensibles de Europa y ha reabierto el debate sobre la verdadera naturaleza de la cooperación migratoria entre España y Marruecos. La dimensión del episodio, que ha dejado al menos 57 muertos y ha desbordado durante horas los servicios de acogida de una ciudad de apenas 18,5 kilómetros cuadrados y unos 83.000 habitantes, difícilmente encaja con la imagen de coordinación ejemplar que ambos gobiernos han proyectado durante los últimos años.
Jorge Dezcallar, que fue embajador de España en Marruecos y también dirigió el Centro Nacional de Inteligencia antes de representar al país en Estados Unidos y ante la Santa Sede, sostiene que la explicación última de lo ocurrido debe buscarse en la debilidad que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado frente a Rabat. En un artículo publicado este viernes en El País, el diplomático cuestiona que España pueda seguir calificando de satisfactoria una colaboración que no ha impedido la entrada masiva y descontrolada de miles de ciudadanos marroquíes.
Dezcallar emplea deliberadamente el término “asalto” para describir una crisis que el propio Sánchez ha calificado como un ataque y una violación de la integridad territorial española. La expresión refleja la dimensión institucional y fronteriza del suceso, pero no debería ocultar su vertiente humana: decenas de miles de jóvenes se lanzaron al mar o atravesaron la frontera movidos por la expectativa de alcanzar territorio europeo, mientras decenas de ellos perdían la vida en el intento.
Dezcallar cree que Rabat interpreta las concesiones españolas como señales de debilidad. La crisis exige firmeza diplomática, pero también una respuesta humanitaria y europea
La pasividad inicial de las fuerzas de seguridad marroquíes, recogida en numerosas imágenes, constituye para Dezcallar un indicio difícil de ignorar. El exembajador considera inverosímil que un movimiento de semejante magnitud pudiera producirse sin que las autoridades del reino alauí tuviesen conocimiento previo o capacidad para intervenir. Marruecos niega haber facilitado las entradas y posteriormente colaboró para frenar nuevos cruces y favorecer el retorno de miles de personas. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, alrededor de 48.300 habían regresado ya a territorio marroquí.
Ese segundo momento de cooperación es el principal argumento del Gobierno para diferenciar esta crisis de la vivida en mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta mientras Rabat relajaba abiertamente el control fronterizo como respuesta a la acogida hospitalaria en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario. Sánchez ha valorado ahora la comunicación “reiterada, constante y fluida” con las autoridades marroquíes y ha destacado que la inmigración irregular se redujo un 40% durante 2025 y un 36% en lo que va de año.
Pero la actuación posterior no despeja la pregunta fundamental: cómo fue posible que decenas de miles de personas alcanzasen simultáneamente la frontera sin que los servicios de seguridad marroquíes contuvieran el movimiento antes de que se convirtiese en una tragedia. La cooperación no puede medirse únicamente por la capacidad de restablecer el control después de una crisis, sino también por la voluntad de prevenirla.
Una situación límite
Ceuta vivió durante horas una situación límite. Los centros de acogida quedaron desbordados, miles de personas durmieron en las calles o en espacios improvisados y la actividad comercial se paralizó parcialmente. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno central de reaccionar de manera tardía e insuficiente. El Ejecutivo respondió enviando refuerzos policiales y militares, mientras Sánchez y varios ministros se desplazaban a la ciudad.
La emergencia provocó además inquietud entre los socios europeos. Ceuta no es solo una frontera española, sino también una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. La posibilidad de que una llegada de estas dimensiones se reproduzca o pueda emplearse como instrumento de presión bilateral transforma el episodio en un problema europeo. La solidaridad comunitaria, sin embargo, ha convivido con reproches y con decisiones unilaterales de algunos gobiernos para reforzar sus controles interiores.
Dezcallar contempla varias explicaciones posibles para la conducta marroquí. Una de ellas sería el acercamiento de España a Argelia, país que rompió sus relaciones con Rabat y que reaccionó con dureza al giro español sobre el Sáhara Occidental. En 2022, Sánchez asumió la propuesta de autonomía marroquí como la opción “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto saharaui. La decisión permitió recomponer las relaciones con Marruecos, pero abrió una profunda crisis con Argel, suministrador energético y aliado tradicional del Frente Polisario.
Cuatro años después, España intenta normalizar también sus vínculos con Argelia. La reciente visita de Sánchez y la preparación de una nueva cumbre bilateral pueden haber provocado recelos en Rabat, aunque Dezcallar no considera que esta circunstancia baste para explicar la crisis. La política exterior española se enfrenta, en cualquier caso, al difícil ejercicio de mantener una relación estable con dos potencias magrebíes enfrentadas sin que la aproximación a una sea interpretada como una amenaza por la otra.
La reforma de la ley
Otra hipótesis apunta a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que rechaza las devoluciones inmediatas cuando la entrada se produce a nado y no a través del perímetro terrestre. Dezcallar juzga desafortunada esa resolución y plantea reformar la Ley de Extranjería para aclarar el rechazo en frontera. También cree que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno pudo alimentar la falsa expectativa de que llegar a España garantizaba la permanencia.
El Ejecutivo atribuye parte de la movilización a las redes de tráfico de personas y a la difusión interesada de mensajes engañosos sobre la sentencia y las posibilidades de acogida. Esa explicación puede ayudar a comprender la rapidez con la que se extendió la convocatoria, especialmente entre jóvenes conectados a las redes sociales. Pero tampoco aclara por qué Marruecos no detectó o no contuvo a tiempo una concentración multitudinaria en una zona sometida habitualmente a una estrecha vigilancia.
La posible concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976 constituye otra fuente de fricción. La iniciativa afecta a una cuestión especialmente sensible para Rabat, que considera el Sáhara parte de su territorio y reacciona con firmeza ante cualquier medida que pueda interpretarse como un cuestionamiento de su soberanía. Dezcallar admite desconocer si el Gobierno informó previamente a Marruecos de la proposición de ley, pero señala que la ausencia de comunicación pudo contribuir al malestar.
Frente a estas explicaciones inmediatas, el diplomático sitúa el problema en una secuencia más larga de cesiones españolas. Recuerda el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla en 2018 –materializado y prolongado durante los años siguientes–, la asfixia del comercio fronterizo de Ceuta y Melilla y la falta de una respuesta pública contundente tras el espionaje con Pegasus a los teléfonos del presidente del Gobierno y varios ministros. La investigación judicial no pudo determinar de forma concluyente quién estuvo detrás de aquellas intrusiones, por lo que cualquier atribución directa a Marruecos debe tratarse como una sospecha, no como un hecho probado.
Cesiones a cambio e estabilidad
En la lectura de Dezcallar, esas decisiones han construido en Rabat la percepción de que España está dispuesta a ceder para comprar estabilidad a corto plazo. Su advertencia central es que Marruecos no interpreta necesariamente la contención española como un gesto amistoso, sino como una demostración de vulnerabilidad susceptible de ser aprovechada en futuras negociaciones.
El planteamiento merece atención por la experiencia de quien lo formula. Dezcallar conoce desde dentro los mecanismos de decisión marroquíes y la complejidad de una relación inevitablemente asimétrica. España necesita la cooperación de Rabat para controlar la inmigración irregular, combatir el terrorismo, gestionar el comercio y garantizar la estabilidad del estrecho. Marruecos, por su parte, necesita a España como socio económico, interlocutor europeo y fuente de inversión. Ninguno de los dos países puede permitirse una ruptura prolongada.
Esa interdependencia también obliga a introducir matices. La cooperación migratoria ha producido resultados verificables durante amplios periodos y no toda llegada irregular puede atribuirse automáticamente a una operación política de Rabat. Marruecos soporta además una presión migratoria procedente del África subsahariana y dedica medios propios al control de sus fronteras. Convertir cualquier crisis en prueba definitiva de un chantaje deliberado puede conducir a una escalada diplomática perjudicial para ambos países.
Pero tampoco sería razonable negar el precedente de 2021 ni ignorar que el control fronterizo marroquí se endurece o se relaja en ocasiones coincidiendo con tensiones políticas. La confianza entre vecinos no puede descansar en la amenaza implícita de abrir una frontera. Si la inmigración se convierte en moneda de cambio, la relación deja de ser una cooperación entre socios y pasa a depender de la capacidad de presión de una de las partes.
Con firmeza, sin estridencias
España debe responder con firmeza, aunque sin estridencias. Eso implica reforzar permanentemente los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, exigir explicaciones a Marruecos, implicar a la Unión Europea y fijar mecanismos verificables de prevención y alerta temprana. También requiere una política exterior coherente hacia el Magreb y una mayor transparencia sobre los compromisos asumidos en asuntos tan sensibles como el Sáhara Occidental.
La firmeza no puede confundirse con la hostilidad ni con la deshumanización de quienes arriesgan la vida para cruzar la frontera. Las enormes diferencias de renta, empleo y expectativas entre ambas orillas seguirán alimentando la emigración. España tiene derecho a defender su integridad territorial y ordenar los flujos migratorios, pero conserva al mismo tiempo la obligación de rescatar, atender y tratar con dignidad a quienes llegan.
La tesis de Dezcallar es severa: las concesiones repetidas no han comprado una estabilidad duradera, sino que habrían transmitido debilidad. El Gobierno replica que la cooperación marroquí ha sido decisiva para recuperar el control y facilitar los retornos. Ambas afirmaciones pueden contener una parte de verdad. Rabat colaboró finalmente, pero no impidió que la crisis se desencadenara.
Lo sucedido en Ceuta demuestra que la política española hacia Marruecos necesita algo más sólido que una sucesión de entendimientos personales y acuerdos poco transparentes. Respeto, cooperación y afecto entre vecinos, como reclama Dezcallar, pero acompañados de reciprocidad y límites reconocibles. La buena vecindad no consiste en evitar cualquier desacuerdo. Consiste en impedir que esos desacuerdos vuelvan a resolverse a costa de miles de vidas empujadas hacia una frontera. @mundiario
