España vuelve a mirar al fuego, aunque esta vez lo hace ante una emergencia de dimensiones difíciles de asimilar. Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo afectan ya a unas 77.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. El declarado en Burgohondo, con alrededor de 50.000 hectáreas quemadas, se ha convertido en el mayor registrado en el país, mientras varios frentes siguen activos y las condiciones meteorológicas amenazan con provocar nuevas reactivaciones.
A esta catástrofe se suma el incendio iniciado en La Vall d’Uixó, en Castellón, que ha penetrado en el parque natural de la Sierra de Espadán. El fuego había quemado este lunes unas 6.500 hectáreas dentro de un perímetro de 48 kilómetros y había obligado a adoptar evacuaciones o confinamientos que afectaban a cerca de 75.000 personas. Doce de los municipios desalojados se encuentran total o parcialmente dentro de uno de los espacios forestales de mayor valor de la Comunidad Valenciana.
En estas horas no existe una prioridad superior a salvar vidas, asistir a quienes han tenido que abandonar sus casas y contener las llamas. Tampoco debería haber espacio para convertir la tragedia en otra escaramuza partidista. Cuando una residencia de mayores debe ser evacuada bajo una lluvia de ceniza, cuando miles de familias ignoran si encontrarán su vivienda en pie y cuando los equipos de extinción trabajan entre humo, calor y cambios repentinos del viento, la obligación de todas las administraciones es cooperar.
La prevención no puede seguir reducida a una campaña que comienza cuando llega el calor. El cambio climático agrava el peligro, pero la gestión del territorio determina su capacidad de arder.
La declaración de emergencia nacional, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, el envío de medios estatales y la solicitud de ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil responden a una situación que ha desbordado las fronteras administrativas. Los incendios no entienden de competencias ni se detienen ante la línea que separa dos comunidades autónomas. La proximidad y posible confluencia de los fuegos de Ávila y Madrid ha obligado incluso a abordarlos como un único gran frente.
La coordinación ha permitido movilizar recursos, desalojar poblaciones, habilitar refugios y atender a las personas vulnerables. Evacuar o confinar a decenas de miles de ciudadanos en pocas horas constituye una operación extraordinariamente compleja. Exige tomar decisiones con información incompleta, ordenar desplazamientos sin bloquear las carreteras, trasladar a enfermos y mayores, proteger hospitales y residencias, mantener comunicaciones y prever rutas alternativas mientras el fuego puede cambiar de dirección en cuestión de minutos.
Es justo reconocer ese trabajo. También el de bomberos forestales, agentes medioambientales, militares, policías, sanitarios, voluntarios y vecinos. En medio de una catástrofe, la eficacia pública se mide por la capacidad de actuar conjuntamente, no por la habilidad para atribuir culpas antes de que se extingan las llamas. Pero la unidad necesaria durante la emergencia no puede transformarse después en silencio. Cuando se apaguen las últimas brasas habrá que reconstruir viviendas, compensar pérdidas, recuperar servicios y reparar, en la medida de lo posible, unos ecosistemas gravemente dañados. Y habrá que formular una pregunta incómoda: ¿puede España seguir enfrentándose a estos incendios con una organización concebida para fuegos de otra época?
Una emergencia que ha cambiado de escala
Los incendios forestales siempre han formado parte de la realidad mediterránea, pero su comportamiento está cambiando. Las olas de calor más tempranas y persistentes, las noches con temperaturas elevadas, la sequedad de la vegetación y los episodios de viento crean escenarios en los que un foco puede convertirse rápidamente en un incendio inabordable. Algunos fuegos alcanzan tal intensidad que generan sus propias corrientes, lanzan pavesas a kilómetros de distancia y superan carreteras, cortafuegos o líneas de defensa que antes resultaban eficaces.
El cambio climático no explica por sí solo el origen de cada incendio. Las causas inmediatas pueden ser una negligencia, un accidente, una infraestructura defectuosa o una acción deliberada. Pero sí altera el contexto en el que cualquier chispa se propaga. Un paisaje más caliente y seco ofrece al fuego más días de riesgo extremo y una ventana de oportunidad mucho mayor. A ello se suma una transformación territorial acumulada durante décadas. El abandono del campo, el envejecimiento de la población rural, la desaparición de cultivos y pastos y la falta de aprovechamiento de la biomasa han creado grandes extensiones continuas de vegetación. Allí donde antes había un mosaico de tierras agrícolas, monte, ganado y pequeñas explotaciones, aparecen ahora superficies homogéneas cargadas de combustible.
Reducir el debate a una elección entre cambio climático o mala gestión forestal sería, por tanto, una simplificación interesada. Ambos factores se refuerzan. El calentamiento multiplica los días peligrosos y el abandono territorial facilita que las llamas encuentren combustible y avancen sin interrupciones.
Teresa Ribera ya ha advertido de que Europa no se encuentra suficientemente preparada para afrontar las consecuencias del cambio climático. El diagnóstico es difícil de discutir, pero debe traducirse en decisiones concretas. Invocar el calentamiento global sin reformar la gestión de los montes resulta tan insuficiente como hablar únicamente de desbroces mientras se ignora el aumento de las temperaturas extremas. Europa necesita reducir emisiones y, al mismo tiempo, adaptarse a un clima cuyos efectos ya están aquí.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el Puesto de Mando Avanzado del gran incendio que afecta a la Sierra Oeste de la región, instalado en Cenicientos, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / @ComunidadMadrid.
Prevenir durante todo el año
España dispone de profesionales altamente cualificados y de medios de extinción reconocidos internacionalmente. Sin embargo, ningún país puede construir una flota aérea capaz de apagar todos los incendios extremos una vez que estos adquieren una determinada intensidad. Los hidroaviones, helicópteros y brigadas son esenciales, pero llegan al final de una cadena que debería comenzar mucho antes de que aparezca el humo.
La gran reforma pendiente es la prevención. No entendida como una limpieza general e indiscriminada del monte –ambientalmente dañina y económicamente imposible–, sino como una intervención selectiva, planificada y permanente sobre el territorio. Eso implica crear paisajes en mosaico que interrumpan la continuidad del combustible; recuperar tierras agrícolas y pastizales; fomentar la ganadería extensiva; realizar quemas prescritas bajo control técnico; aprovechar biomasa y madera; mantener franjas de seguridad alrededor de pueblos, carreteras e infraestructuras; y proteger especialmente las zonas donde las viviendas se mezclan con el monte.
Los corredores y áreas estratégicas de baja combustibilidad no garantizan que un incendio se detenga, pero pueden reducir su intensidad y ofrecer a los equipos un lugar desde el que combatirlo. Son necesarias también normas más exigentes para las urbanizaciones situadas en espacios forestales: accesos suficientes para los vehículos de emergencia, depósitos de agua, planes de autoprotección, señalización de rutas de evacuación y obligaciones de mantenimiento en las parcelas.
La tecnología debe ocupar un lugar central. Satélites, sensores térmicos, cámaras automáticas, drones y modelos meteorológicos permiten detectar focos antes, prever su evolución y distribuir mejor los recursos. Pero una herramienta solo es útil si la información llega a tiempo a un mando operativo capaz de decidir. España necesita sistemas compatibles entre comunidades, comunicaciones resistentes a los apagones y una estructura común para afrontar incendios que atraviesan varios territorios.
También debe profesionalizarse todavía más el dispositivo. Las plantillas forestales no pueden reforzarse únicamente durante los meses de verano. La prevención exige trabajo estable durante todo el año: conocer el terreno, abrir y conservar accesos, tratar la vegetación, preparar quemas, formar a la población y ensayar evacuaciones. Gastar mejor en invierno permite llegar al verano con menos combustible y mayor capacidad de respuesta.
La política forestal tampoco puede descansar exclusivamente en prohibiciones impuestas a propietarios rurales que carecen de recursos. Mantener el monte cuesta dinero. Si la sociedad necesita territorios gestionados para proteger pueblos, almacenar carbono, conservar biodiversidad y reducir incendios, deberá establecer incentivos, ayudas y fórmulas de cooperación que hagan viable ese trabajo. Sin actividad económica y sin población –en Galicia lo saben bien–, la prevención acaba convertida en una obligación escrita sobre el papel.
Después del fuego
Llegará el momento de evaluar si los avisos fueron suficientes, si las evacuaciones se ordenaron a tiempo, si las administraciones compartieron correctamente la información y si existían medios adecuados. Esa revisión deberá hacerse con datos, sin exculpaciones automáticas, pero también sin buscar culpables instantáneos para alimentar la disputa política.
La magnitud de la emergencia obliga a mirar más lejos. España necesita un gran acuerdo sobre prevención y adaptación climática que comprometa al Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el sector forestal, los agricultores y los propietarios. Un acuerdo con financiación plurianual, objetivos verificables y prioridades territoriales establecidas según el riesgo, no según el calendario electoral.
Ahora toca apagar el fuego, proteger a quienes trabajan frente a las llamas y cuidar a las decenas de miles de personas desalojadas o confinadas. Es la respuesta urgente y moralmente inaplazable. Pero atender bien una emergencia no consiste únicamente en acudir cuando se declara. También exige aprender de ella. Cuando regresen los vecinos y las cámaras abandonen los montes calcinados empezará la tarea más difícil: evitar que la próxima chispa encuentre de nuevo un país desprotegido. La extinción salva el presente; solo una prevención moderna, constante y suficientemente financiada puede proteger el futuro. @mundiario
