El Ejecutivo prepara un nuevo decreto de vivienda con el que pretende extender la estabilidad de los contratos de alquiler hasta el verano de 2028. La iniciativa, fruto del acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar, contempla que los arrendamientos que finalicen antes del 30 de junio de ese año puedan acogerse a una prórroga extraordinaria, una medida diseñada para ofrecer mayor seguridad a quienes viven de alquiler en un mercado marcado por la escasez de oferta y el incremento de los precios.
Según las previsiones del Gobierno, cerca de cuatro millones de personas podrían beneficiarse de esta medida, que estaría vigente para los contratos que expiren entre marzo de 2026 y finales de junio de 2028. Desde Sumar destacan que la ampliación del periodo de protección permitirá llegar a un número mayor de hogares respecto a la propuesta que fue rechazada meses atrás en el Congreso.
Más controles sobre el alquiler turístico y temporal
El decreto no se limita a la prórroga de los contratos. También incorpora cambios destinados a endurecer la regulación del mercado inmobiliario y frenar prácticas que, según el Ejecutivo, contribuyen a reducir la oferta de vivienda habitual.
Entre las principales novedades figura una regulación más estricta del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones, con el objetivo de evitar que estas modalidades se utilicen para esquivar la normativa aplicable a las viviendas habituales y los límites de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas.
A ello se suma la intención de elevar hasta el 21% el IVA aplicado a los pisos turísticos y reforzar las sanciones relacionadas con la publicidad de este tipo de alojamientos en plataformas digitales. El propósito es desincentivar el crecimiento del alquiler vacacional en aquellas ciudades donde la falta de vivienda residencial se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.
El texto también plantea negociar nuevas medidas para reforzar la protección de las familias vulnerables y evitar que se produzcan desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.
La negociación política será determinante
Aunque el acuerdo dentro del Gobierno ya está cerrado, el recorrido parlamentario del decreto sigue siendo incierto. La intención es aprobar el texto en el próximo Consejo de Ministros, pero posteriormente deberá ser convalidado por el Congreso.
En ese escenario, Junts vuelve a situarse como un actor clave. La formación catalana ya contribuyó al fracaso de una iniciativa similar en la pasada legislatura al votar en contra de la anterior prórroga, lo que obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia.
Las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios ya han comenzado y el Gobierno confía en introducir los ajustes necesarios para reunir una mayoría suficiente. Sin embargo, algunas cuestiones, como los incentivos fiscales a los propietarios o las medidas vinculadas a la suspensión de determinados desahucios, siguen generando diferencias entre los potenciales socios parlamentarios, por lo que el contenido definitivo del decreto aún podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. @mundiario
