Gilberto Ventura Ceballos acumuló antecedentes, múltiples retenciones, hechos con fatal desenlace y repetidas evasiones entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica desde 2004.
Nacido en Santo Domingo en 1975, arrastró antecedentes por retenciones irregulares y procesos por fraudes que marcaron sus primeros pasos antes de trasladarse hacia Panamá. En 2004 permaneció retenido en una instalación dominicana hasta que obtuvo una salida irregular, situación que permitió su desplazamiento hacia Panamá con documentos cuestionados.
Entre 2010 y 2011 participó junto a un colaborador en varias acciones que derivaron en fatal desenlace para cinco jóvenes panameños, generando profunda conmoción comunitaria.
Los afectados fueron ubicados bajo una vivienda, lo que confirmó la gravedad del caso y motivó una búsqueda ampliada para identificar responsables de cada acción lamentable registrada.
Ventura Ceballos se trasladó nuevamente a República Dominicana, pero fue ubicado por uniformados, quedando finalmente extraditado hacia Panamá en 2011 para afrontar procesos pendientes.
Tras permanecer bajo supervisión reforzada, registró una evasión el veintiocho de diciembre de 2016 desde La Joyita con apoyo de colaboradores externos no identificados.
Un año después fue ubicado en Jacó, Costa Rica, utilizando identificación alternativa, quedando nuevamente trasladado a Panamá bajo un módulo de máxima supervisión oficial.
En septiembre de ese año recibió imputaciones por evasión y coordinación interna, generándose reprogramaciones judiciales debido a solicitudes defensivas y ajustes administrativos continuos.
El trámite avanzó entre revisiones documentales extensas, recursos defensivos y señalamientos de representantes legales de familias que cuestionaron la extensión del calendario procesal.
Ajustes vinculados con diligencias solicitadas por el Ministerio Público. En junio de 2018 recibió una disposición judicial de cincuenta años de supervisión institucional junto a otros involucrados, según lo establecido por la autoridad competente panameña.
A inicios de 2020 protagonizó otra evasión desde La Mega Joya, siendo ubicado días después en Chiriquí, provocando cambios institucionales en altos cargos penitenciarios nacionales.
En noviembre de ese año se registró una reducción judicial de la supervisión inicial, ajustándose a treinta años y quedando asentado formalmente en su expediente principal.
